Los funcionarios llegaron
primeramente en las instalaciones de una ganadera, luego que se hizo
pública a través de la prensa y redes sociales la situación de un
peón. El mismo dijo que tuvo que renunciar a su trabajo al no
conseguir permiso para ir junto a su hijo que enfermó y que
finalmente falleció.

El
Ministerio de Trabajo no recibió denuncia formal de parte del
supuesto afectado, Crispín Amarilla, pero inició de oficio la
investigación para corroborar la situación presentada con el
trabajador en el establecimiento ganadero. Los fiscalizadores del
Ministerio de Trabajo, acompañados de efectivos policiales
realizaron la revisión en la estancia.

Las
autoridades de la cartera de Estado ya se comunicaron con Crispín
Amarilla, quien manifestó que la firma ya le pagó su liquidación y
que ya se encuentra trabajando en otro lugar.

La
Ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, manifestó que la cartera de
Estado cuenta con solo con 30 fiscalizadores para realizar el trabajo
de control, pero que a pesar de falta de recursos humanos se realizan
constantemente el control de cumplimiento las normas laborales.
“Estamos en todos aquellos lugares donde podemos llegar y sobre
todo cuando hay este tipo de denuncia pública”, señaló la
ministra.

INTERVENCIÓN
EN OTRA ESTANCIA

Por
otro lado, los funcionarios de la Dirección Regional de Presidente
Hayes del Ministerio de Trabajo, acompañados de funcionarios de la
Defensoría del Pueblo, verificaron una supuesta explotación laboral
en un establecimiento ganadero ubicado en la zona de la ciudad de
General Bruguéz, según publicó un medio de comunicación.

Llegaron
hasta el domicilio de Juan Rodríguez, quien no se encontraba, por lo
que fueron atendidos por una de sus hijas. La misma explicó que los
propietarios de la estancia les dan trabajo de destronque y que les
paga entre 300.000 a 400.000 guaraníes por hectárea, pero que no
cuentan con contrato laboral. Dijo que además reciben periódicamente
víveres y donaciones de ellos.

Posteriormente
llegaron hasta la estancia donde fueron recibidos por el encargado,
quien manifestó que Rodríguez (supuesta víctima) no es empleado
del establecimiento. Explicó que le dan ayuda de manera que puedan
vivir de una manera digna en cuanto a alimentación y trabajo
honesto. Asimismo, informó que la ganadera cuenta con alrededor de
20 empleados y que todos ellos tienen seguro del Instituto de
Previsión Social (IPS).