Estas determinaciones fueron adoptadas en la reunión del último martes en el Ministerio de Trabajo, de la que participaron el viceministro de Trabajo, César Segovia, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, el director de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Luis Fernando González, la directora general de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Anahí Carballo, y representantes de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS).

En esta ocasión, los miembros de la comisión recibieron a integrantes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del área de transporte, quien expresaron sus inquietudes sobre el aparente incumplimiento por parte de algunas transportadoras y empresas que envían productos a Uruguay. Los sindicalistas señalaron que muchos trabajadores no estarían inscritos en el IPS, tampoco estarían percibiendo el salario correspondiente, en tanto otros enfrentan situaciones de incertidumbre y en condiciones económicas precarias la coyuntura de los puertos.

Para abordar estas preocupaciones, la comisión decidió realizar un análisis exhaustivo de las denuncias. El IPS remitirá un listado de los trabajadores inscritos en estas empresas, Dinatran verificará la habilitación de las transportadoras para operar y el Ministerio de Trabajo revisará su inscripción en el Registro Obrero Patronal. Con esta información, en la próxima reunión se tomarán decisiones pertinentes, que podrían incluir la instalación de una mesa de diálogo tripartita o la fiscalización de las transportadoras involucradas, anticipó el viceministro Segovia.

El organismo también recibió a representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes manifestaron su interés en participar del proyecto de ley que busca modificar el sistema de transporte público interurbano. Al respecto, las autoridades respondieron que una vez consolidada una propuesta por parte del Ejecutivo, será socializada con los actores involucrados, para su posterior remisión al Congreso Nacional.

Además, se abordó la necesidad de continuar con las fiscalizaciones en ruta. En las próximas semanas, se llevarán a cabo operativos en diversas zonas del área metropolitana y eventualmente fuera del Departamento Central para verificar el cumplimiento de los derechos laborales. La comisión acordó igualmente establecer una base de datos para evaluar el cumplimiento de las normativas laborales, especialmente en las empresas que reciben subsidio estatal.